Las alertas sobre salud mental en adolescentes y jóvenes dejaron de ser un asunto marginal: México cerró 2022 con 8 mil 123 suicidios, 1 mil 629 más que en 2017, cuando se registraron 6 mil 494; en el mismo periodo, la tasa pasó de 5.3 a 6.3 por cada 100 mil habitantes, de acuerdo con el INEGI. El dato cobra un peso particular para la educación superior porque el grupo con mayor incidencia se concentra entre los 20 y 34 años, una franja que incluye a buena parte del estudiantado universitario y a jóvenes en transición desde la adolescencia hacia la adultez.
La presión académica, la incertidumbre económica, los cambios de residencia, la ruptura o debilitamiento de redes de apoyo y los duelos acumulados tras la pandemia forman parte del terreno donde se expresan con más fuerza la ansiedad y la depresión. En población universitaria, un estudio internacional en 21 países —con estudiantes de 18 a 22 años— estimó que 20.3 por ciento presentaba indicios de algún trastorno mental, pero solo 16.4 por ciento había recibido atención especializada en los 12 meses previos, una brecha que especialistas suelen asociar con estigma, falta de servicios y barreras de acceso.
A nivel institucional, el rezago no es menor. Diversos análisis han advertido que el gasto y el modelo de atención tienden a concentrarse en componentes hospitalarios y psiquiátricos, mientras la prevención, la psicoterapia y el acompañamiento comunitario quedan rezagados. El resultado es conocido por estudiantes, familias y docentes: el malestar se detecta tarde, cuando ya se traduce en ausentismo, bajo rendimiento, consumo de sustancias, conflictos escolares o crisis que rebasan a los entornos inmediatos.
En ese contexto, las universidades se han convertido, de facto, en una primera línea de prevención y contención. A nivel nacional, instituciones como la Universidad Politécnica de Tlaxcala (UPTx), institución pública de educación superior, ha destacado en la atención a la salud mental y bienestar de sus alumnos, creando puentes de ayuda involucrando a diversos actores de la sociedad.
La rectora de la UPTx, Mtra. Rosalía Nalleli Pérez Estrada, planteó el enfoque como parte de una atención integral al estudiantado y dejó un mensaje que busca mover el tema del terreno privado al terreno público: “La educación no se limita a las aulas”.
En el mismo marco, sostuvo que el deber institucional es garantizar que las y los estudiantes cuenten con “información, orientación y acceso a servicios de salud” para desarrollarse plenamente, y destacó el valor del trabajo coordinado con autoridades locales para sostener una visión de bienestar integral.
En entrevista, además, ha insistido en “poner al estudiante al centro”, subrayando la corresponsabilidad de la institución educativa, madres y padres de familia y la comunidad para fortalecer redes de apoyo y normalizar la búsqueda de ayuda cuando aparecen señales de alarma.
